Vivimos rodeados de cámaras, sensores y aplicaciones que dicen estar ahí “para protegernos”. Pero cada vez más ciudadanos se preguntan si tanta vigilancia responde realmente a la seguridad. En el fondo, lo que está en juego es un negocio multimillonario con nuestros datos personales.
Seguridad: el argumento oficial
La mayoría de gobiernos y ayuntamientos justifican la instalación de cámaras. Las cámaras se ubican en calles, estaciones y centros públicos con un mismo mensaje. Quieren prevenir delitos y aumentar la tranquilidad ciudadana. Según la propia Comisión Europea, “la vigilancia es una herramienta para reforzar la seguridad en un contexto de amenazas crecientes”.

Y es cierto que, en algunos casos, estas herramientas ayudan a resolver crímenes o localizar sospechosos más rápido. Pero… ¿hasta qué punto esas imágenes y datos se usan solo para ese fin?
El negocio invisible de los datos
Expertos en privacidad advierten que los datos son el nuevo petróleo. Lo que compramos, por dónde caminamos, con quién hablamos… todo puede convertirse en información valiosa para empresas tecnológicas y gobiernos.
La abogada y activista Shoshana Zuboff lo resumió de forma contundente. Ella dijo que “la vigilancia se ha convertido en el modelo de negocio más poderoso del siglo XXI”.
Entonces, ¿somos ciudadanos más seguros o consumidores más vigilados?
¿Seguridad o control?
El debate no es menor. Hay cámaras en la calle y rastreo en redes sociales. Las aplicaciones de movilidad recogen cada movimiento. Es una vigilancia que muchos aceptan sin protestar porque “no tienen nada que ocultar”.
Pero la cuestión no es si ocultamos algo, sino si estamos dispuestos a renunciar a la privacidad como derecho básico.
Conclusión
La línea entre seguridad y negocio es cada vez más delgada. Y la pregunta incómoda es inevitable:
- ¿Estamos pagando con nuestra privacidad un sistema que dice protegernos?
- ¿Preferimos sentirnos más seguros aunque eso implique ser observados constantemente?
- ¿Dónde ponemos el límite entre protección y control?
Al final, la cuestión vuelve siempre al ciudadano: ¿nos vigilan por seguridad… o por negocio?


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