La situación política en España ha cambiado de manera inquietante recientemente. Antes había disputas técnicas o se hacían evaluaciones sobre las sentencias de un tribunal. Ahora, eso se ha convertido en una confrontación pública entre los poderes del Estado. Sin embargo, los sucesos recientes están relacionados con la figura del Fiscal General del Estado. La reacción del Ejecutivo representa un punto de no retorno.
No solo hablamos de críticas a una resolución. También se trata de una retórica oficial. Utiliza expresiones como «lawfare» o «golpe de estado judicial». Estas son empleadas para invalidar acciones judiciales. Estas no están en consonancia con la agenda política. Esta situación plantea a la sociedad civil una pregunta urgente. ¿Qué ocurre cuando el encargado de proteger la ley decide atacar a aquellos que la aplican?
La peligrosa narrativa de la «Politización de la Justicia»
El gobierno ha sostenido como argumento principal. Afirman que hay una parte del poder judicial con el objetivo político de «tumbar» al Ejecutivo. La narrativa es altamente efectiva para movilizar a los electores, pero destructiva para la salud de la democracia.
- La inversión de la realidad
Es paradójico que se acusa a los jueces de invadir el ámbito político. Al mismo tiempo, vemos acciones desde el poder político para controlar entidades que deben ser independientes y técnicas. Cuando se llama a la movilización social frente al Tribunal Supremo, se sobrepasa una frontera crucial. La justicia no se imparte por aclamación popular ni por presión callejera, sino mediante el estudio de la ley. - La situación del Fiscal General: La gota que hace desbordar el vaso
La defensa cerrada y política de un cargo técnico, como el Fiscal General, envía un mensaje peligroso. El Tribunal Supremo lo ha imputado y condenado. Este mensaje incluye el ataque preventivo a los jueces encargados del caso. La idea presentada es que la legitimidad de las urnas está por encima de la legitimidad de la ley.
«La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es la garantía de que el ciudadano no será aplastado por el poder del Estado.»
El coste social: Una sociedad polarizada e indefensa
El mayor peligro de esta estrategia no es solo el choque institucional en las altas esferas. También es cómo esto cala en la sociedad.
- Desprotección ciudadana: Si el Gobierno convence a la sociedad de que los jueces son «enemigos políticos», el ciudadano enfrentará un dilema. Las personas no sabrán a quién acudir en situaciones de conflicto. ¿Qué hará cuando sus derechos sean vulnerados por la administración? Destruir la confianza en la justicia deja al individuo a merced del poder ejecutivo.
- Polarización extrema: Las sentencias se convierten en actos de «guerra política». Esto obliga al ciudadano a posicionarse no a favor de la justicia. En su lugar, se alinea a favor de «su partido». Esto rompe la convivencia y genera un clima de trinchera donde la verdad jurídica deja de importar.
- El precedente: Si aceptamos hoy que el poder político presiona a los jueces porque «el fin justifica los medios», estamos creando un riesgo. Mañana, cualquier otro gobierno de distinto signo podrá utilizar esa misma herramienta. Podría ser usada para perseguir a sus oponentes.
Reflexión final: Defender la Democracia es defender las reglas del juego
La democracia liberal se basa en un equilibrio delicado llamado separación de poderes. Montesquieu advirtió que todo estaría perdido si el mismo cuerpo que ejerce el poder ejecutivo pudiera también controlar al judicial. Todo estaría perdido si pudiera anular al judicial.
«Todo estaría perdido si el mismo hombre, o el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre los particulares.»
— Montesquieu, El Espíritu de las Leyes (1748).
Defender la democracia hoy no implica salir a la calle a presionar magistrados para que dicten lo que queremos oír. Defender la democracia significa que debemos exigir a nuestros representantes políticos que respeten las sentencias de los tribunales. Esto incluye los tiempos y su independencia. Es necesario hacerlo incluso cuando estas decisiones no les favorecen.
La situación es compleja. Las pasiones están a flor de piel. Sin embargo, es vital que como sociedad podamos discutir esto con serenidad. Interesa mucho conocer tu opinión sobre estos tres puntos clave:
- Sobre la elección de los jueces: ¿Crees que el sistema actual de elección de los órganos judiciales fomenta la politización? ¿Los jueces deberían elegir a los jueces sin intervención de los partidos?
- Sobre la libertad de expresión política: ¿Dónde está el límite? ¿Es legítimo que un Gobierno critique duramente una sentencia judicial, o debería mantener una neutralidad institucional absoluta para no presionar?
- Sobre la confianza: ¿Sientes que, a día de hoy, la justicia en España es igual para todos? ¿O crees que la política ha logrado romper ese principio de igualdad?
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