Autor: marcomiquel

  • Desastres Naturales: Retos de la Gestión en España

    Desastres Naturales: Retos de la Gestión en España

    En los últimos años, España ha vivido situaciones extremas. La DANA en Valencia, el volcán en La Palma y los incendios en media España son algunos ejemplos. Y sin embargo, a menudo no vemos una respuesta inmediata. En lugar de eso, muchas veces observamos un espectáculo político.

    Parece que antes de enviar ayuda, se revisa de qué color es el gobierno de la comunidad autónoma afectada.
    Y eso deja la sensación de que lo importante no son las personas, sino el rédito político.

    Una imagen dividida: el lado izquierdo muestra a un grupo de personas, incluyendo socorristas y civiles, ayudando en un rescate durante una inundación severa en un pueblo. El lado derecho muestra a un equipo de emergencia en una sala de mando, analizando un mapa detallado sobre una mesa y una pantalla.

    Competencias cruzadas, respuestas lentas

    El reparto de competencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas debería garantizar rapidez y eficacia.
    Pero en la práctica, cada crisis se convierte en una guerra de declaraciones:

    • ¿De quién es la competencia?
    • ¿Quién debe asumir el coste?
    • ¿Quién queda mal si no actúa?

    Y mientras se deciden, los daños aumentan y los ciudadanos sienten que están en un limbo.

    Migración, ayudas y reparto de recursos: otra fuente de fricciones

    Lo mismo ocurre con el reparto de migrantes o de fondos de emergencia.
    Algunas comunidades se niegan a colaborar si el Gobierno central no cumple ciertas condiciones.
    Otras se sienten discriminadas.
    El resultado es el mismo: más ruido que soluciones

    El coste de la politización

    Este tira y afloja deja a los ciudadanos con la sensación de que su bienestar es secundario.
    Que la prioridad es demostrar que el “otro” es el culpable.
    Y mientras tanto, las víctimas de desastres naturales o crisis humanitarias esperan una ayuda. Esta ayuda llega tarde o llega a medias.

    Conclusión: ¿Queremos políticos o gestores de crisis?

    La gran pregunta es si ha llegado el momento de exigir una acción rápida en situaciones de emergencia. Este protocolo debe ser común, sin importar el color del gobierno de turno.

    ¿Tú qué opinas?

    👉¿Deberían existir protocolos unificados de actuación ante catástrofes, al margen de la política?
    👉¿Has notado diferencias en la respuesta según la comunidad o el gobierno que la gestiona?


    📣Cuéntalo en los comentarios y sigamos el debate.

  • Hospitales en espera, políticos en campaña

    Hospitales en espera, políticos en campaña

    La sanidad pública es uno de los pilares de cualquier sociedad. Hoy parece más una moneda de cambio electoral. Esto es preocupante ya que debería ser un servicio pensado para el ciudadano.
    Las comunidades autónomas han recibido competencias transferidas. Ahora, la gestión de hospitales y centros de salud es un terreno de batalla política.
    Y mientras los discursos suben de tono, las listas de espera se alargan.

    Listas de espera que desesperan

    Los datos son claros. Miles de pacientes esperan meses para una operación. También aguardan meses para una prueba diagnóstica o incluso una primera cita con el especialista.
    A esto se suma la saturación en urgencias en determinadas épocas del año. Esto ocurre en picos de gripe o virus respiratorios. También hay falta de personal en vacaciones.

    ¿El resultado? Pacientes que ven cómo su salud se resiente mientras los partidos discuten sobre presupuestos y competencias.

    Escena de crisis en hospital español: profesionales sanitarios y gerentes discutiendo el exceso de pacientes y la larga espera con las urgencias saturadas y pacientes en camillas al fondo. Un cartel muestra "Tiempo de Espera +8 HRS"

    Falta de recursos y personal

    Los sueldos bajos, la sobrecarga de trabajo y la falta de incentivos son problemas importantes. Como resultado, muchos profesionales de la salud buscan mejores condiciones en otros países. Otros prefieren el sector privado.
    El déficit de médicos, enfermeras y especialistas no es algo nuevo, pero cada año parece agravarse.

    Consecuencias directas para los ciudadanos

    • Citas médicas cada vez más espaciadas.
    • Intervenciones quirúrgicas pospuestas.
    • Más gasto en sanidad privada para quienes pueden permitírselo.

    Todo esto genera una sensación de desigualdad. La calidad de la atención depende demasiado del lugar en el que vivas. También depende de tu capacidad económica.

    ¿Sanidad pública o arma política?

    En cada campaña electoral, la sanidad es uno de los grandes titulares.
    Pero al final, pocas medidas reales se ponen en marcha para resolver el problema de fondo.
    Las competencias sanitarias, en manos de las autonomías, se utilizan más para el ataque político que para buscar soluciones conjuntas.

    Conclusión: ¿Hora de un pacto por la sanidad?

    Quizá ha llegado el momento de preguntarse. ¿No sería mejor un plan nacional de sanidad con proyectos globales? También debe tener un presupuesto estable y objetivos comunes.
    Que las decisiones se tomen pensando en los pacientes y no en el próximo titular de campaña.

    ¿Tú qué piensas?
    👉¿Crees que la sanidad pública debería gestionarse con un pacto entre todos los partidos?
    👉¿Has sufrido en primera persona una lista de espera interminable?


    Déjalo en los comentarios: tu experiencia puede ayudar a abrir el debate.

  • ¿Es el ‘zasca’ más importante que el debate político?

    ¿Es el ‘zasca’ más importante que el debate político?

    Si uno mira el panorama político actual en España, parece que los escaños han sido sustituidos por platós de televisión y los debates parlamentarios por hilos de Twitter. Lo que antes se decidía tras largas discusiones en el Congreso, hoy parece resumirse en un tuit con muchos retuits o en una frase viral que capture titulares.

    Ya no importa tanto la solidez de una propuesta como el impacto de un “zasca” bien colocado. “Y tú más” se ha convertido en el argumento universal, repetido tanto en redes sociales como en sede parlamentaria. La política, en lugar de buscar consensos, se ha transformado en un espectáculo donde lo que pesa no es la ley que se aprueba, sino el clip que se llegue a compartir.

    Un ejemplo reciente: ¿cuántas veces has visto a un político defender con vehemencia su postura en televisión… y luego descubrir que en el Parlamento apenas se pronunció? ¿O cuántas medidas se anuncian primero en redes antes de presentarse oficialmente? Es la lógica del trending topic: si no es viral, parece que no existe.

    Y aquí la pregunta incómoda: ¿es esto lo que queremos como ciudadanos? ¿Políticos que midan sus decisiones según los likes y no según el bien común? ¿Representantes que parecen más community managers de sí mismos que servidores públicos?

    Quizá la democracia se está transformando en un concurso de popularidad digital, donde los aplausos valen más que los argumentos. Y eso nos interpela a todos:
    ¿Nos conformamos con políticos que “ganen” la red aunque pierdan el debate?
    ¿Estamos dispuestos a exigir más que discursos prefabricados para TikTok? ¿O nos hemos convertido también en espectadores que premiamos el espectáculo sobre la política real?

    Porque, al final, la pregunta es tan sencilla como inquietante:


    ¿Queremos trending topics… o queremos políticos?

  • Cuando la justicia tarda, la injusticia corre

    Cuando la justicia tarda, la injusticia corre

    Dicen que «la justicia que llega tarde ya no es justicia». La frase, atribuida en diferentes variantes a jueces y filósofos, podría servir hoy como radiografía del sistema judicial español. Años de espera, pilas de papeleo y una sensación general de estar atascado hace que cada vez más personas miren a los tribunales con desconfianza.

    Los datos son claros: procedimientos que duran años, casos mediáticos que se prolongan hasta siempre, y pequeñas demandas que se convierten en un calvario burocrático. Mientras tanto, la vida de quienes esperan una resolución no se detiene: familias pendientes de custodias, trabajadores atrapados en litigios laborales, o víctimas que sienten que el tiempo borra la justicia que reclamaban.

    “Tenemos una justicia del siglo XXI con medios del siglo XIX”, reconocía hace poco un magistrado en una entrevista. Y es ahí donde surge la paradoja: mientras los ciudadanos se exigen rapidez en todos los aspectos de su vida, desde la sanidad hasta la administración digital, la justicia parece avanzar a cámara lenta, con el freno echado.

    El resultado es que se percibe un clima de impunidad: si el castigo tarda demasiado, el mensaje que queda es que quizás nunca llegue. Esa sensación mina la confianza en las instituciones y abre la puerta a la resignación o, peor aún, a la idea de que saltarse las normas sale rentable.

    La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿cómo recuperar la credibilidad de un sistema que debería ser el pilar de la democracia? ¿Más recursos? ¿Más jueces? ¿Una reorganización profunda?

    Y ahora la parte que toca a cada ciudadano

    -¿Has tenido alguna experiencia con la justicia que se haya alargado demasiado?
    -¿Crees que las demoras benefician solo a quienes pueden permitirse abogados y recursos?
    -¿Estamos dispuestos a exigir que se trate la justicia como un servicio esencial, al mismo nivel que la sanidad o la educación?

    El debate está servido.

  • Equilibrio entre Turismo y Calidad de Vida

    Equilibrio entre Turismo y Calidad de Vida

    El turismo es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de la economía en España. Crea empleo, llena los restaurantes, mantiene los hoteles y revitaliza barrios que antes apenas figuraban en los mapas. Su importancia es indiscutible. Sin embargo, en cada vez más ciudades, tanto grandes como medianas, surge la misma inquietud: ¿a qué precio?

    Para algunos, esto representa una oportunidad de progreso, mientras que para otros, es el comienzo de un problema que sigue creciendo. Los alquileres se disparan, los vecinos de toda la vida se ven obligados a marcharse, y las tiendas locales cierran para dar paso a negocios enfocados en los turistas.

    Calles que antes eran espacios de convivencia ahora parecen escenarios temporales: hoy turistas, mañana otros turistas. Y en medio de todo esto, los vecinos sienten que cada vez tienen menos control sobre su propia ciudad.

    Los defensores del modelo argumentan que sin turismo, la economía sufriría. Miles de familias dependen de él, y limitarlo sería como cortarse una mano.

    Por otro lado, los críticos advierten que una dependencia excesiva genera precariedad laboral, destruye el tejido social y convierte los barrios en meros decorados.

    Entonces, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio? ¿Es posible garantizar viviendas dignas y una vida vecinal activa sin sacrificar el turismo? ¿Deben los ayuntamientos establecer límites más claros sobre el número de pisos turísticos y regular mejor el uso del espacio público? ¿O corremos el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro?

    La controversia está servida en la mayoría de nuestras ciudades: ¿Queremos barrios habitados o barrios rentables? ¿Estamos dispuestos a pagar más por el alquiler para mantener este modelo económico? ¿Debería primar la experiencia del visitante o la calidad de vida del vecino?

    La respuesta no está clara. Lo que sí es evidente es que, como ciudadanos, tarde o temprano tendremos que decidir qué tipo de ciudad queremos habitar.

  • Agenda 2030: ¿Oportunidad o Amenaza para el Campo?

    Agenda 2030: ¿Oportunidad o Amenaza para el Campo?

    La Agenda 2030 y sus leyes verdes nacieron con una premisa indiscutible: proteger el medio ambiente, detener el cambio climático y garantizar un futuro sostenible.

    En teoría, nadie pone en duda esos objetivos. Pero lo cierto es que en la práctica —nunca mejor dicho— la situación es bastante más complicada.

    Mientras en las ciudades se celebran normativas y restricciones, en los pueblos y en el campo crece el descontento.

    Agricultores y ganaderos señalan que estas leyes son diseñadas desde un despacho, por personas que nunca han estado en el campo ni saben lo que significa ganarse la vida de él. Lo que suena a sostenibilidad en papel, en la realidad se traduce en más burocracia, menos libertad para trabajar y, a veces, incluso en el abandono forzado de las tierras.

    Agenda 2030 y el choque entre sostenibilidad y vida rural

    Curiosamente, esa falta de actividad genera un efecto contrario al que se busca: campos desatendidos, maleza en aumento y bosques olvidados que se convierten en un polvorín durante los calores extremos.

    Cuando llegan los incendios, como está sucediendo este verano, el desastre es inevitable.

    Los ecologistas defienden fervientemente estas normativas: bienestar animal, prohibición de ciertas prácticas, restricciones a la explotación.

    Pero para muchos en el ámbito rural, esas ideas surgen de un desconocimiento profundo de lo que implica criar ganado o mantener un ecosistema saludable. “Se legisla como si un jabalí o una cabra montesa fueran mascotas”, critican algunos.

    ¿Dónde queda, entonces, el equilibrio?

    Nadie niega la realidad del cambio climático ni la urgencia de tomar medidas contundentes. Pero tampoco se puede pasar por alto que el campo necesita ser gestionado, trabajado y cuidado por quienes llevan generaciones haciéndolo.

    El debate está abierto:

    • ¿Crees que es la Agenda 2030 una oportunidad real para cambiar el modelo o un corsé que asfixia al mundo rural?
    • ¿Quién crees que debe tener más voz en estas decisiones los que viven del campo, o sólo deben legislar los técnicos y políticos?
  • Promesas Vacías: La Brecha entre la Política y la Vida Diaria

    Promesas Vacías: La Brecha entre la Política y la Vida Diaria

    Llevamos semanas viendo el mismo teatro: partidos peleándose por sillones, comisiones, pactos, vicepresidencias… lo de siempre. Mientras tanto, aquí abajo, seguimos esperando cosas más urgentes: un médico que no tarde semanas, trenes que no aparecen, alquileres que no te dejen sin ahorros, y una política migratoria que se resume en mirar para otro lado. Lo de siempre, vamos. Pero cada vez peor.

    Nos dijeron que la ley de ELA era un avance histórico. Y lo fue. Sobre el papel. Porque en la práctica, sigue sin presupuesto suficiente para ayudar a quienes más lo necesitan. Para eso no hay tiempo ni acuerdos. Para eso no hay titulares.

    Porque entre sus promesas y nuestra realidad, hay un océano.

    Eso sí, siempre hay espacio en prime time para hablar del máster de uno, el doctorado del otro o de quién pactó con quién en 2012. El famoso “y tú más”. Como si no tuvieran ya suficiente con lo que no hacen hoy.

    Se están convirtiendo en expertos en una cosa: hablar sin decir nada. Y cuanto más ruido hacen, más claro queda que no están escuchando. Porque si lo hicieran, sabrían que hay miles de personas pidiendo una vida un poco más digna, no debates vacíos ni distracciones mediáticas.

    La realidad es esta: cada día hay gente que no puede más, que cuida a familiares sin ayuda, que sobrevive con contratos de semanas, o que tiene que elegir entre pagar la factura de la luz o la comida del día.

    Y aún así, el debate nacional gira en torno al «y tú más», al zapping de culpables, al ruido por el ruido. Se nota que no cogen el metro, ni piden cita en atención primaria, ni buscan piso con un sueldo medio.

    No se trata solo de falta de gestión. Es falta de pudor.

    Porque gobernar no es ganar debates, ni repetir eslóganes vacíos. Gobernar debería ser escuchar, bajar a tierra y entender que la vida de la mayoría va por otro carril.
    Uno lleno de baches. Y retrasos.

  • ¿Empleo o Malabarismo? La Verdad Oculta

    ¿Empleo o Malabarismo? La Verdad Oculta

    Nos dice el INE que el paro baja. Que se crean puestos de trabajo. Que la economía “resiste”. Y tú, mientras tanto, acabas de firmar otro contrato temporal. Uno más. Un mes aquí, tres semanas allá, una sustitución, un refuerzo, un “ya veremos cómo va”.

    Sí, hay empleo. Pero ¿cuánto dura?
    Porque una cosa es trabajar, y otra muy distinta es poder hacer planes con lo que cobras. Cuando vives al ritmo del contrato, tu vida también se vuelve provisional. No puedes comprometerte con nada: ni con una hipoteca, ni con una mudanza, ni con formar una familia. A veces ni siquiera con apuntarte al gimnasio el trimestre entero.

    Y eso pesa. Porque la incertidumbre, cuando se alarga, se convierte en cansancio. No solo físico, también mental. Vivir con la maleta siempre medio hecha, esperando si te renuevan o no, si te llaman o no, si este mes cobras lo mismo o un poco menos… no es vivir. Es ir sobreviviendo.

    Y ojo: no se trata de que todo el mundo tenga un contrato indefinido y de por vida. Pero sí de que el empleo no sea una trampa que te obliga a agradecer cada jornada como si fuera un regalo.
    Porque trabajar debería darte estabilidad, no miedo.

    Así que sí, las cifras mejoran. Pero detrás de cada número hay una historia. Y muchas veces, esa historia tiene más incertidumbre que certezas.

    Y volvemos a la pregunta de siempre:


    ¿Esto qué tiene que ver conmigo?


    Pues mucho. Porque, si tienes que rehacer tu vida cada tres meses, eso no es empleo. Es malabarismo.

  • La Justicia y el Aforamiento: Necesidad o Desigualdad?

    La Justicia y el Aforamiento: Necesidad o Desigualdad?

    ¿Te imaginas que, si te equivocas en tu trabajo, tuvieses un escudo legal que hace que no te puedan juzgar como a cualquier otro ciudadano?
    No hablamos de la realeza ni de superhéroes. Hablamos de aforamientos.

    En España, más de 2.000 personas están aforadas. Una cifra desorbitada si la comparamos con otros países de nuestro entorno, donde el aforamiento es un privilegio excepcional y limitado a muy pocos cargos públicos. Aquí, sin embargo, alcanza a diputados, senadores, altos cargos autonómicos, jueces, fiscales, y un largo etcétera. ¿Cuál es el beneficio real de esta protección masiva? ¿A quién sirve y a quién perjudica?

    El aforamiento impide que estas personas puedan ser juzgadas por tribunales ordinarios, reservando sus casos a tribunales superiores. En teoría, esto garantiza que no pueda haber juicios arbitrarios por parte de jueces locales. Pero en la práctica, genera una sensación de privilegio y distancia con respecto al ciudadano común, que no goza de tal paraguas.

    ¿Nos conviene como sociedad mantener esta figura intacta? ¿O deberíamos revisar su alcance para limitarla a los casos verdaderamente necesarios? En tiempos de desconfianza hacia la clase política, proteger de forma masiva a los cargos públicos puede generar el efecto contrario al deseado: menos credibilidad, menos transparencia y más impunidad percibida.

    Imagínate por un momento que cualquier cargo público, ante un posible delito, tuviera que enfrentarse a la justicia como cualquier ciudadano. ¿Cambiaría eso su forma de actuar? ¿Sería más prudente, más transparente, más cuidadoso?

    ¿No sería más justo que quien tiene más responsabilidad tuviera también más obligación de rendir cuentas?
    ¿No ganaría credibilidad la política si los cargos públicos tuvieran que ir al juzgado como cualquier ciudadano?

    Este no es un debate partidista. Es una conversación necesaria sobre cómo queremos que funcione nuestra democracia. Si queremos una política más cercana y honesta, quizás haya que empezar por eliminar las barreras que separan a los que mandan de los que obedecen.

    Si yo no tengo aforamiento, ni tú, ni el vecino…
    ¿por qué ellos sí?

    La justicia no debería depender del cargo que uno ocupa. Y hoy más que nunca, toca preguntarse: ¿a quién protege el aforamiento… y de qué?