La Agenda 2030 y sus leyes verdes nacieron con una premisa indiscutible: proteger el medio ambiente, detener el cambio climático y garantizar un futuro sostenible.
En teoría, nadie pone en duda esos objetivos. Pero lo cierto es que en la práctica —nunca mejor dicho— la situación es bastante más complicada.
Mientras en las ciudades se celebran normativas y restricciones, en los pueblos y en el campo crece el descontento.
Agricultores y ganaderos señalan que estas leyes son diseñadas desde un despacho, por personas que nunca han estado en el campo ni saben lo que significa ganarse la vida de él. Lo que suena a sostenibilidad en papel, en la realidad se traduce en más burocracia, menos libertad para trabajar y, a veces, incluso en el abandono forzado de las tierras.
Curiosamente, esa falta de actividad genera un efecto contrario al que se busca: campos desatendidos, maleza en aumento y bosques olvidados que se convierten en un polvorín durante los calores extremos.
Cuando llegan los incendios, como está sucediendo este verano, el desastre es inevitable.
Los ecologistas defienden fervientemente estas normativas: bienestar animal, prohibición de ciertas prácticas, restricciones a la explotación.
Pero para muchos en el ámbito rural, esas ideas surgen de un desconocimiento profundo de lo que implica criar ganado o mantener un ecosistema saludable. “Se legisla como si un jabalí o una cabra montesa fueran mascotas”, critican algunos.
¿Dónde queda, entonces, el equilibrio?
Nadie niega la realidad del cambio climático ni la urgencia de tomar medidas contundentes. Pero tampoco se puede pasar por alto que el campo necesita ser gestionado, trabajado y cuidado por quienes llevan generaciones haciéndolo.
El debate está abierto:
- ¿Crees que es la Agenda 2030 una oportunidad real para cambiar el modelo o un corsé que asfixia al mundo rural?
- ¿Quién crees que debe tener más voz en estas decisiones los que viven del campo, o sólo deben legislar los técnicos y políticos?
Ecos en calle 