Dicen que «la justicia que llega tarde ya no es justicia». La frase, atribuida en diferentes variantes a jueces y filósofos, podría servir hoy como radiografía del sistema judicial español. Años de espera, pilas de papeleo y una sensación general de estar atascado hace que cada vez más personas miren a los tribunales con desconfianza.
Los datos son claros: procedimientos que duran años, casos mediáticos que se prolongan hasta siempre, y pequeñas demandas que se convierten en un calvario burocrático. Mientras tanto, la vida de quienes esperan una resolución no se detiene: familias pendientes de custodias, trabajadores atrapados en litigios laborales, o víctimas que sienten que el tiempo borra la justicia que reclamaban.
“Tenemos una justicia del siglo XXI con medios del siglo XIX”, reconocía hace poco un magistrado en una entrevista. Y es ahí donde surge la paradoja: mientras los ciudadanos se exigen rapidez en todos los aspectos de su vida, desde la sanidad hasta la administración digital, la justicia parece avanzar a cámara lenta, con el freno echado.
El resultado es que se percibe un clima de impunidad: si el castigo tarda demasiado, el mensaje que queda es que quizás nunca llegue. Esa sensación mina la confianza en las instituciones y abre la puerta a la resignación o, peor aún, a la idea de que saltarse las normas sale rentable.
La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿cómo recuperar la credibilidad de un sistema que debería ser el pilar de la democracia? ¿Más recursos? ¿Más jueces? ¿Una reorganización profunda?
Y ahora la parte que toca a cada ciudadano
-¿Has tenido alguna experiencia con la justicia que se haya alargado demasiado?
-¿Crees que las demoras benefician solo a quienes pueden permitirse abogados y recursos?
-¿Estamos dispuestos a exigir que se trate la justicia como un servicio esencial, al mismo nivel que la sanidad o la educación?
El debate está servido.
Ecos en calle 