En los últimos años, España ha vivido situaciones extremas. La DANA en Valencia, el volcán en La Palma y los incendios en media España son algunos ejemplos. Y sin embargo, a menudo no vemos una respuesta inmediata. En lugar de eso, muchas veces observamos un espectáculo político.
Parece que antes de enviar ayuda, se revisa de qué color es el gobierno de la comunidad autónoma afectada.
Y eso deja la sensación de que lo importante no son las personas, sino el rédito político.
Competencias cruzadas, respuestas lentas
El reparto de competencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas debería garantizar rapidez y eficacia.
Pero en la práctica, cada crisis se convierte en una guerra de declaraciones:
- ¿De quién es la competencia?
- ¿Quién debe asumir el coste?
- ¿Quién queda mal si no actúa?
Y mientras se deciden, los daños aumentan y los ciudadanos sienten que están en un limbo.
Migración, ayudas y reparto de recursos: otra fuente de fricciones
Lo mismo ocurre con el reparto de migrantes o de fondos de emergencia.
Algunas comunidades se niegan a colaborar si el Gobierno central no cumple ciertas condiciones.
Otras se sienten discriminadas.
El resultado es el mismo: más ruido que soluciones
El coste de la politización
Este tira y afloja deja a los ciudadanos con la sensación de que su bienestar es secundario.
Que la prioridad es demostrar que el “otro” es el culpable.
Y mientras tanto, las víctimas de desastres naturales o crisis humanitarias esperan una ayuda. Esta ayuda llega tarde o llega a medias.
Conclusión: ¿Queremos políticos o gestores de crisis?
La gran pregunta es si ha llegado el momento de exigir una acción rápida en situaciones de emergencia. Este protocolo debe ser común, sin importar el color del gobierno de turno.
¿Tú qué opinas?
👉¿Deberían existir protocolos unificados de actuación ante catástrofes, al margen de la política?
👉¿Has notado diferencias en la respuesta según la comunidad o el gobierno que la gestiona?
📣Cuéntalo en los comentarios y sigamos el debate.
Ecos en calle 