La hipocresía política en España y el peligro de convertir la democracia en un partido de hooligans
La política española ha conseguido algo que parecía imposible: convertir la hemeroteca en el principal partido de la oposición. No hay adversario más implacable que las propias palabras pronunciadas años atrás. Discursos solemnes, promesas grandilocuentes y declaraciones cargadas de indignación moral que hoy regresan como un boomerang para golpear a quienes las pronunciaron.
Porque si algo demuestra la actualidad política española es que la corrupción no se combate por principios, sino de quién aparece sentado en el banquillo y quién ocupa el Consejo de Ministros.
La moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018 se construyó sobre una idea muy sencilla: la corrupción era incompatible con la permanencia en el poder. Aquella tesis parecía incuestionable. Las intervenciones parlamentarias de aquellos días estaban plagadas de referencias a la regeneración democrática, a la ejemplaridad institucional y a la necesidad de expulsar del Gobierno a quienes habían perdido la autoridad moral para gobernar.
Especialmente recordado es el discurso de José Luis Ábalos, quien presentó la moción como una obligación ética frente a la corrupción. El mensaje era claro: cuando las sombras de corrupción alcanzan a un gobierno, la respuesta debe ser contundente.
Sin embargo, basta con abrir la hemeroteca para comprobar cómo los principios parecen haber adquirido una elasticidad desconocida. Lo que entonces era motivo suficiente para derribar un Ejecutivo hoy se presenta como una conspiración, una persecución judicial o una campaña mediática cuando afecta al propio entorno político.
La corrupción no cambia, solo cambia el color del acusado
Uno de los ejemplos más llamativos lo encontramos en el tratamiento de los colaboradores de la justicia en casos de corrupción.
Durante años, la izquierda política defendió la necesidad de incentivar la colaboración de quienes aportaran información relevante para esclarecer delitos de corrupción. El argumento era razonable: si alguien ayuda a desmontar una trama corrupta y facilita pruebas fundamentales, el sistema puede contemplar beneficios jurídicos que favorezcan la investigación.
Cuando Francisco Correa, Luis Bárcenas o incluso Francisco Martínez eran noticia, muchos defendían esta filosofía. Cuando se habló de beneficios procesales para quienes colaboraban en esclarecer casos vinculados al Partido Popular, pocos cuestionaban el mecanismo.
De hecho, el propio acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar incluía medidas orientadas a proteger e incentivar a quienes colaboraran con la justicia en la lucha contra la corrupción.
Pero la situación cambia radicalmente cuando quien recibe determinados beneficios es Víctor de Aldama. Entonces aparecen las críticas. Entonces se cuestiona el sistema. Entonces la sentencia deja de ser un ejemplo del funcionamiento del Estado de derecho para convertirse, según algunos, en una anomalía insoportable.
La pregunta es inevitable: ¿el problema es el mecanismo o el beneficiado?
Porque si el sistema era válido cuando afectaba a los adversarios políticos, debería seguir siéndolo cuando afecta a personas cuyas declaraciones resultan incómodas para el poder.
Los socios indignados… pero no demasiado
Otro fenómeno fascinante de la política española actual es el de la indignación selectiva de los socios parlamentarios.
Cada semana escuchamos durísimas declaraciones por parte de partidos que sostienen al Gobierno. Se denuncian prácticas cuestionables, se exigen explicaciones, se anuncian líneas rojas y se lanzan advertencias solemnes sobre la calidad democrática.
Sin embargo, cuando llega el momento decisivo, esas líneas rojas desaparecen con una facilidad asombrosa.
Los mismos grupos que afirman sentirse escandalizados por determinados comportamientos continúan apoyando al Ejecutivo en las votaciones fundamentales. Los mismos que aseguran que España atraviesa una situación institucional preocupante siguen proporcionando la mayoría parlamentaria necesaria para mantenerla.
La contradicción resulta difícil de ignorar.
Porque en política no cuentan tanto las declaraciones como los votos. Y los votos siguen estando ahí.
El «y tú más»: la gran enfermedad nacional
España lleva décadas atrapada en una dinámica profundamente tóxica: el «y tú más».
Cuando aparece un caso de corrupción, la reacción inmediata no consiste en exigir responsabilidades. Consiste en buscar un caso similar en el partido rival.
Si un dirigente de izquierdas se ve salpicado por un escándalo, la respuesta es recordar Gürtel. Si el problema afecta a la derecha, se responde mencionando los ERE. Si surge una nueva polémica, automáticamente aparece un catálogo histórico de irregularidades ajenas.
El resultado es devastador.
Nadie habla de combatir la corrupción. Todos hablan de repartir culpas.
La corrupción deja de ser un problema moral para convertirse en un arma electoral. Y cuando eso sucede, la ciudadanía pierde siempre.
Porque la corrupción debería generar exactamente la misma indignación independientemente de quién la protagonice.
Robar dinero público no es menos grave porque lo haga alguien que piensa como nosotros.
Manipular instituciones no es más aceptable porque el responsable pertenezca a nuestro bloque ideológico.
Y degradar la calidad democrática no deja de ser peligroso porque el objetivo sea impedir la llegada al poder del adversario.
¿Vale todo para frenar a la derecha?
Esta es probablemente la pregunta más incómoda del debate político actual.
Durante años se ha instalado la idea de que cualquier concesión, cualquier maniobra y cualquier excepción son aceptables si sirven para evitar la llegada de la derecha al poder.
Pero una democracia sólida no puede funcionar sobre esa lógica.
La democracia no consiste en garantizar que gobiernen siempre los nuestros. Consiste en respetar las reglas del juego, aceptar la alternancia y preservar las instituciones para todos.
Cuando el objetivo principal deja de ser gobernar bien y pasa a ser mantenerse en el poder a cualquier precio, el deterioro institucional resulta inevitable.
La tentación de controlar organismos independientes, colonizar instituciones o desacreditar a quienes ejercen funciones de control aumenta considerablemente cuando la permanencia en el poder se convierte en una obsesión.
Y la historia demuestra que ese camino nunca termina bien.
Ciudadanos o aficionados políticos
Quizá el problema de fondo sea cultural.
La política española se parece cada vez más al fútbol. Muchos ciudadanos han dejado de comportarse como votantes para actuar como aficionados.
No importa lo que haga el propio equipo. Siempre habrá una justificación.
No importa la gravedad de los hechos. Siempre habrá una excusa.
No importa la contradicción. Siempre habrá una explicación que permita seguir defendiendo al líder de referencia.
Mientras tanto, la exigencia ética se reserva exclusivamente para el adversario.
Esta dinámica destruye cualquier posibilidad real de regeneración democrática.
Porque si los ciudadanos no castigan la corrupción de los suyos, los políticos aprenden rápidamente que pueden seguir actuando con impunidad.
La democracia necesita memoria
La hemeroteca no debería ser un instrumento de venganza política. Debería ser una herramienta de higiene democrática, sirve para recordar qué dijeron nuestros representantes, qué prometieron y cómo actúan cuando les toca aplicar a sí mismos los principios que exigían a los demás.
La lucha contra la corrupción no puede depender del color político del investigado. La defensa de las instituciones no puede variar según quién ocupa el gobierno. Y la democracia no puede sostenerse sobre una ciudadanía dividida en bloques irreconciliables de seguidores incondicionales.
Porque cuando los principios dejan de ser principios y se convierten en simples herramientas de conveniencia política, la corrupción deja de ser una excepción para convertirse en una costumbre.
Y cuando eso ocurre, el riesgo no es que gobierne la derecha o la izquierda.
Ecos en calle 